El rumbo anunciado de la muerte

REMAACPP 22 de Febrero 2017 Tecnologia rema
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Los asesinatos indiscriminados a líderes y lideresas del movimiento popular en varias regiones del país no paran. El señor Santos no persigue a los culpables porque sobrevive todavía una alianza estratégica entre algunas élites económicas y políticas con el paramilitarismo. Luego de tantísimos asesinatos ¿ahora si tendrá la voluntad ética y política para reconocer que en ese país que gobierna las atrocidades y genocidios tienen nombre propio y no, precisamente, son las FARC-EP?

Conociendo la naturaleza tramposa y soberbia del señor Santos es evidente que poco o nada le importa la vida de esos y esas que de día y de noche se dan la pela por intentar un proyecto de país distinto. Es absurdo que nuestro Nobel de Paz avale en absoluto silencio el asesinato sistemático del movimiento social y popular del país. Descarado el Fiscal Néstor Humberto Martínez quien se ufana al afirmar que acá, en este país de paz, el paramilitarismo dejó de existir hace mucho tiempo.

Por mencionar apenas otras andanzas del Gobierno Santos vale la pena recordar que, en este momento, mientras usted lee, en la Guajira un genocidio por hambre y sed ocurre. Los pueblos Wayúu están muriendo abandonados, y siendo doblegados por la acuchillada de la corrupción, la indiferencia esquiva de un país y sus gobernantes, mientras todo el carbón del Cerrejón es regado con agua dulce. En fin. Nuestro Nobel de Paz deja morir a sus pueblos en total impunidad sin mover un solo tentáculo de su poder para cambiar en algo el rumbo anunciado de la muerte.

Es curioso, de otra parte, que desde que las FARC-EP cesaron sus actividades militares e iniciaron su concentración en las zonas veredales de transición para la dejación de las armas, luego de la firma del acuerdo, la cifra de asesinatos viles de líderes y lideresas del movimiento social y popular aumentaron descaradamente. Ahora que a al coco de las FARC-EP no se les puede echar la culpa de todo el desastre que somos como país, la institucionalidad Santos tomó el camino, otra vez, de aislar los casos para generar en la opinión pública la sensación de que son eventualidades, y no una política paramilitar de exterminio en asociación con élites económicas y políticas de esta nación descuadernada.

Los recientes ataques y asesinatos contra personas pertenecientes al movimiento social y popular avivan las alarmas que nunca han dejado de sonar. Estos hechos, inevitablemente, nos recuerdan la persecución y exterminio sistemático que padeció la Unión Patriótica. Desde entonces la macabra labor de estigmatizar y perseguir a la oposición no ha cesado, sin embargo, en los últimos meses es evidente un reaccionar ofensivo y fortalecimiento del paramilitarismo en zonas donde antes las FARC-EP tenían presencia territorial; más aún, ahora la guerrillerada está cercada por paramilitares en algunas zonas veredales de transición.

El auge de grupos armados ilegales en función de estructuras paramilitares y de narcotráfico viene creciendo con fuerza en el país, en especial, en aquellas zonas que eran de influencia de las FARC-EP y que, hoy por hoy, se han convertido en regiones en disputa territorial por el control de las economías ilegales. Hay que decir, además, que esta relación entre el crecimiento paramilitar con el aumento de las cifras de asesinatos de líderes y lideresas deja entrever la complicidad de sectores de la Fuerza Pública, gobiernos locales y actores económicos y políticos.

Sin lugar a dudas estamos de frente a una política nacional de exterminio, promovida y financiada por sectores políticos, económicos legales y por actores armados organizados alrededor del paramilitarismo multiforme, que pretende amedrantar a las poblaciones pertenecientes a los movimientos sociales y populares de Colombia. No se tratan de hechos aislados. Que no nos engañen más. De nuestro pasado sí hemos aprendido y es claro, pues, que hay una capacidad de acción conjunta y articulada con el poder suficiente para accionar al mismo tiempo en varias regiones del país.

Hace unos pocos meses, los miembros del Secretariado de las FARC-EP enviaron al señor Santos una carta pública en la que insistían en que “es de conocimiento público que quienes están detrás de estos asesinatos selectivos y de carácter político, son los mismos que han cosechado dinero, poder y privilegios, gracias a la guerra (…)”. Quienes mandan a matar a dedo parecen ser los mismos o, al menos muy cercanos, de esos que no les convence ningún acuerdo paz, porque ya saben de sobra que la guerra es el camino para seguir incrementando su poder exacerbado y sus privilegios de dominación.

El fenómeno paramilitar, aunque hoy día haya mutado y se disfrace en “Los Úsuga” o “Las águilas Negras”, es un problema vigente de las realidades nacionales. No es suficiente alborotar un humero para desviar la atención y esconder así la responsabilidad de sectores de la sociedad (legales e ilegales) que han promovido, articulado y convivido con la propuesta paramilitar de país. No es un secreto, entonces, que la incapacidad y falta de voluntad ética de las autoridades para accionar una respuesta seria y responsable con las gentes y territorios afectados, contribuye a la prolongación histórica de la violencia.

Es pertinente cuestionar el papel y la efectividad de instituciones como la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuántas personas han sido condenadas por los asesinatos de líderes y lideresas del movimiento social y popular? Ahora bien, ¿cuántas mujeres y hombres han sido vinculados a investigaciones judiciales por su presunta responsabilidad con delitos políticos? Es vergonzoso que se persigan y capturen a las personas por tener un pensamiento crítico y disidente, cuando a los asesinos intelectuales y materiales ni siquiera se les abre un archivo de investigación.

Preocupa los niveles perpetuos de impunidad de este país. Los montajes judiciales hacen parte, en la mayoría de los casos, de una estrategia para seguir persiguiendo y estigmatizando a los integrantes de los movimientos sociales y populares. De modo que no se trata solo del acto denigrante de asesinar a los líderes y lideresas, sino de criminalizar las expresiones sociales como la protesta y las labores transformadoras y restaurativas de las organizaciones sociales.

El dolor y la impotencia por todos estos asesinatos tienen que superar la zona de confort e ir —así sea un paso— más allá de la explosión mediática. Como sociedad, se me hace, no podemos seguir ignorando las evidencias que se han ido regando de la olla durante tantos años; como sociedad y por mero respeto a la vida debemos reconocer la grandeza de los movimientos campesinos, indígenas, afro, estudiantiles, LGTBI, feministas, en fin, de todos aquellos y aquellas que viven en estado encantado de resistencia. Sus luchas y reivindicaciones, en últimas, son una forma de sanar algunas de todas esas heridas malsanas que cada colombiano y colombiana cargamos en nuestra mirada acostumbrada. Como sociedad tenemos el derecho y el deber de resistir. Que la indiferencia hipócrita deje de sentarse tan a sus anchas en nuestras salas.

Sebastián Montañez Cifuentes

EQUIPO COLOMBIANO DE INVESTIGACIÓN EN CONFLICTO Y PAZ

Fotógrafo y escritor

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